Buenos Aires, Argentina. A casi tres meses del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA
, la figura del presidente Javier Milei se encuentra en el centro de una controversia que combina política, tecnología y presuntos conflictos de interés. Si bien se difundieron versiones en redes sociales asegurando que la Oficina Anticorrupción (OA) exoneró al mandatario, lo cierto es que la investigación continúa abierta y no se ha publicado ningún dictamen oficial que lo desvincule del caso.
¿Qué es el caso Libra?
Todo comenzó en abril de 2025, cuando el presidente argentino sorprendió con un mensaje en la red social X (antes Twitter) donde promovía la criptomoneda $LIBRA
, asociada a una plataforma de inversión poco conocida. El tuit provocó un alza abrupta del token, seguida de una caída igual de rápida tras las acusaciones de manipulación de mercado.
Lo más polémico fue que Milei compartió ese mensaje desde su cuenta oficial, con un guiño al “futuro financiero de los argentinos”. En cuestión de horas, el mercado reaccionó, y muchos usuarios reportaron pérdidas importantes. Las sospechas crecieron cuando se descubrió que $LIBRA
había sido creada semanas antes por una firma offshore vinculada a asesores informales del entorno presidencial.
La intervención de la Oficina Anticorrupción
Frente al revuelo mediático y las denuncias judiciales, la OA anunció la apertura de una investigación interna. En un comunicado oficial publicado el 17 de abril, el organismo señaló que “evaluaría si hubo violación a la Ley de Ética Pública” por parte del presidente y otros funcionarios de su entorno.
A pesar de lo que algunos medios y cuentas en redes sociales difundieron, la OA no ha emitido un informe que declare a Milei libre de responsabilidad. Según fuentes del organismo consultadas por medios nacionales, el análisis está en curso y se encuentra bajo reserva hasta que se presenten los resultados ante la Justicia.
Avances judiciales y políticos
La causa judicial, por su parte, avanza lentamente pero con peso: el fiscal federal Eduardo Taiano imputó a Milei por abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y manipulación del mercado. Además, se investiga el posible uso de información privilegiada y lavado de activos.
El Congreso también ha tomado cartas en el asunto. Una comisión bicameral fue conformada para evaluar si hubo uso indebido del cargo presidencial en beneficio de intereses privados, y ya ha citado a varios funcionarios y técnicos del área económica.
La estrategia oficial
Desde el gobierno, la estrategia ha sido negar cualquier irregularidad. El vocero presidencial, Manuel Adorni, declaró que “no hubo promoción comercial, sino una opinión personal del presidente sobre la innovación financiera”. El propio Milei ha calificado las acusaciones como una “operación de los zurdos” y ha insistido en que “el mercado es libre, y cada uno decide si invierte o no”.
Sin embargo, esa defensa no termina de convencer a todos. Juristas y expertos en ética pública señalan que, aunque Milei no haya recibido una ganancia directa, el solo hecho de haber impulsado un activo financiero desde su cuenta oficial podría constituir un uso indebido del cargo y una violación a normas de integridad.
¿Qué se espera ahora?
Los próximos pasos dependerán de tres factores clave:
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El dictamen de la OA, que podría confirmar o descartar irregularidades éticas.
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El avance de la causa judicial, que por ahora sigue en etapa de recolección de pruebas.
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La presión social y política, que crece a medida que se conocen más detalles del entramado detrás de
$LIBRA
.
Por ahora, lo único claro es que no hay aún una exoneración oficial de Milei, y el caso sigue abierto en múltiples frentes. Mientras tanto, la controversia por la mezcla entre poder político y activos digitales pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto los líderes pueden opinar sobre inversiones sin afectar la confianza del mercado?
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